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Veintidós comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero se rebelan contra el poder del narcotráfico. Han decidido expulsar de sus territorios a los cárteles y ahora resisten los embates armados. Los Ardillos –una antigua facción de los Beltrán Leyva, famosos por su nivel de violencia– mantienen cercada la región y disputan a las comunidades las veredas, caminos terregosos y carreteras. Desde las trincheras, donde no llega la Guardia Nacional ni ninguna otra corporación policiaca o militar, los nahuas dicen a Contralínea que ya no hay marcha atrás

Zósimo Camacho, texto, y José Luis Santillán, video y fotos / enviados

Montaña baja, Guerrero. Algunos apenas superan los 18 años de edad. Otros ya van por su sexta década. En las trincheras que no cuentan con techo, los hombres se protegen de la lluvia con bolsas de plástico. Se mantienen alerta, parapetados detrás de sacos de arena o pequeñas bardas de piedra. Defienden posiciones clave para evitar que los sicarios del narcotráfico retomen el territorio indígena.

De los hombros les cuelgan fusiles de asalto AK47 y R15, alguna Uzi o, mayoritariamente, escopetas recortadas y rifles calibre 22. El poder que tienen enfrente es superior en cuanto a capacidad de fuego. Los Ardillos y Los Rojos, antiguas facciones del Cártel de los Beltrán Leyva, cuentan con camionetas artilladas y blindadas y fusiles barret calibre 50. Ninguno de los sicarios portaría escopetas.

“Pero ellos no tienen lo más importante y que nosotros sí tenemos: el mandato de las comunidades y sus asambleas”,

señala Juan Hernández, quien rebasa los 50 años edad y está a cargo del grupo que defiende esta trinchera. El nombre ha sido cambiado, como todos aquellos escritos en cursivas, por seguridad de los declarantes.

Sólo en lo que va de 2019, en esta región de la Montaña baja de Guerrero, al menos han muerto 30 personas en hechos violentos. Entre los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera, han ocurrido tres grandes enfrentamientos directos entre nahuas y sicarios. En todos, los Ardillos han buscado tomar alguna población o ingresar a algún punto del territorio comunitario liberado. No han podido.

En un solo intento de incursión, el 27 de enero de este año, resultaron muertos 12 integrantes del cártel. Los Ardillos entonces intensificaron el sitio contra las poblaciones y han cazado de uno en uno, o de dos en dos, a dirigentes indígenas y mantienen bajo zozobra a las poblaciones en general.

Los narcotraficantes han asesinado de enero a la fecha, al menos, a 12 personas y secuestrado a una sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Diez de las víctimas son indígenas de las 22 comunidades organizadas en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la mayoría de ellas también integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Las otras dos son de partidos políticos de la región.

Hay paz y seguridad dentro de las comunidades. Pero los habitantes no pueden salir libremente. Han dejado de comerciar productos en las cabeceras municipales. Ni siquiera pueden ir a gestionar obras, apoyos sociales o solicitar una mesa de diálogo con el ayuntamiento. Los maestros y los médicos ya no llegan a algunas comunidades y el servicio eléctrico se interrumpe constantemente.

Los retenes de los Ardillos se encuentran en Atzacualoya, El Jagüey, Hueycantenango y Tlanipatla. Los tres lugares son paso obligado para quienes desde las comunidades buscan bajar a las cabeceras municipales de Chilapa o José Joaquín Herrera. En el retén de El Jagüey los narcotraficantes han construido habitaciones provisionales y de manera permanente concentran a 150 de sus efectivos. El lugar funciona como centro de operaciones del brazo armado del cártel. Los soldados de la Guardia Nacional dejaron de hacer patrullajes en la zona.

En el recorrido realizado por Contralínea, los únicos retenes de la Guardia Nacional observados se encontraban en las entradas de la ciudad de Tlapa, a unos 110 kilómetros de la región. La zona vive un estado de sitio sin auxilio de alguno de los tres niveles de gobierno. En las 22 comunidades habitan alrededor de 50 mil personas.

Las nubes se tienden sobre las laderas. El rocío pronto hace gotear los techos de lámina de cartón. Árboles, animales y personas están empapados. Pasan de las 21:00 horas y la asamblea de representantes sesiona a la intemperie. Decide si es posible trasladarse a otra comunidad, Montaña adentro. Necesitan aglutinar un número importante de fuerza para disuadir un posible ataque del narcotráfico.

La comunidad se encuentra casi al pie de la carretera estatal Tlapa-Chilpancingo, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Chilapa. La información recibida a cuentagotas de otras comunidades cercanas es que cada una enviará policías comunitarios suficientes para poder hacer el traslado a Acahuehuetlán. Allá se celebrará una asamblea con representantes de las 22 comunidades para iniciar la instalación de un sistema de radiocomunicación, vital para poder coordinar la defensa ante los embates del narco.

Regino Santos, delegado municipal y líder de la comunidad de Papaxtla, da instrucciones para que se integre una guardia que cuidará las entradas a la comunidad. Se levanta la asamblea y pacientemente se espera el arribo de más policías comunitarios para iniciar el traslado.

Los representantes encaminan sus pasos a la comisaría, una construcción de cemento rodeada de milpas. Algunos dormitan. Al menos, al interior se está seco y caliente. Se repantigan en las sillas de plástico y cierran los ojos, pero su mano diestra no deja de tocar nunca el arma colocada en una pata de la silla o entre sus piernas. Otros se entretienen platicando en pequeños grupos.

En esta región, las cañas de maíz ya acunan pequeñas mazorcas sin cuajar. La temporada de lluvias entra en su última fase. El maíz está jiloteando. Un viento tenue por momentos agita con suavidad las milpas. El rumor de los tallos y hojas frotándose arranca miradas y pone alertas a algunos.

Cuenta 25 años de edad y es la autoridad de esta comunidad de Papaxtla. Bigote ralo, ojos negros, rostro moreno afilado, Regino Santos explica que desde que el pueblo constituyó su Policía Comunitaria se acabó la inseguridad al interior de la comunidad. Vivían en la zozobra de ser atacados por la delincuencia en sus propias casas.

Regino Santos

Nunca recibieron apoyo de corporación alguna. Por el contrario, la única vez que ingresó la policía a la comunidad causó destrozos y asustaron a los niños. En 2015, por error la policía estatal realizó un operativo en la comunidad. Entró a buscar sicarios de los Ardillos que días antes habían tomado la cabecera de Chilapa. Maltrataron a la población y destruyeron la bodega de pueblo.

Fue un punto de quiebre en la comunidad. Habían pedido seguridad desde hacía tiempo. Y ahora que llegaba la policía era para agredirlos. Decidieron entonces hacer su policía comunitaria y se incorporaron a la CRAC-PC-PF. Y de ahí se integraron al Cipog-EZ.

“Eso hizo que se hiciera más la lucha. Se buscó a medios, asambleas organización.”

Aclara que los comunitarios sólo son para proteger al pueblo. Rehaza que hagan retenes o patrullajes fuera de las comunidades. En esta comundad no han ocurrido enfrentamiento con los sicarios. Los ven pasar por la carretera. Pero no se han enfrentado.

Integrantes de la CRAC-PC-PF

“Mientras al pueblo no lo ataquen, la Policía [Comunitaria] no va a enfrentar a alguien que no conoce […]. Ellos no se meten con nosotros. Y nosotros con nadie nos vamos a meter.”

Sonríe mientras dice que el sistema de radiocomunicación que instalarán las comunidades del Cipog-EZ les permitirá “tener una coordinación para cualquier cosa; un problema que llegara a suceder a cualquier comunidad para nosotros apoyarnos entre equipo. Así evitaremos pérdidas. Por ejemplo si llegaran a atacar, nosotros estaremos en coordinación”.

De pronto los perros se incorporan. Ladran. Se animan. Sus cuerpos no les dan para ser agresivos. Aunque desnutridos, escuchan, varios minutos antes que las personas, el sonido de automotores. En tres camionetas con redilas llega una treintena de integrantes de la Policía Comunitaria que protegerá el traslado. Al frente de ellos, Pedro Ramírez, un hombre curtido, de 54 años edad, comandante de los comunitarios de Acahuehuetlán. Líder y organizador. Respetado en su comunidad y en las otras con presencia del Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF.

Todos los que llegan saludan de mano a quienes los reciben. El protocolo nahua es estricto. Hay camaradería. Sólo hablan español entrecortado cuando tienen que platicar con los reporteros o con indígenas de comunidades na’saavi o me’phaa con las cuales también tienen coordinación.

Es casi la media noche pero se debe hacer una nueva asamblea para evaluar si las condiciones de seguridad son adecuadas. Conferencian sin quitarse la linterna colocada en la cabeza, como si fueran mineros, y con las armas entre las manos. La mayoría usa pasamontañas y no para cubrir su identidad. Hay desde fusiles de asalto AK47, R15 y Uzi hasta pistolas, rifles calibre 22 y escopetas de perdigones. “Pero estas también disparan”, dicen con convicción quienes las portan.

Inicia el traslado, Montaña adentro. Son casi 2 horas de un trayecto siempre tenso, sobre todo en las terracerías y angostas carreteras en disputa. Encontrarse en estos lugares con patrullas de los Ardillos es muy probable. Hasta el frente, la camioneta con los más jóvenes y mejor armados.

La llovizna se convierte en aguacero y por momentos los vehículos patinan por los caminos deslavados. Se avanza por laderas hechas lodo y en la oscuridad. Las comunidades nahuas han tendido un cerco de seguridad en algunos tramos de trayectos para asegurar el paso de la caravana. El convoy cruza dos retenes instalados por las comunidades. En cada uno de ellos es obligado detenerse a saludar de mano a los cuidadores.

En otra pare del recorrido, no es posible cuidar el paso y la caravana sólo puede confiar en la suerte de no encontrarse con los sicarios y, dado el caso, superar en número a los narcotraficantes para evitar el enfrentamiento. El temor de una emboscada se disipa al ingresar a la comunidad de Acahuehuetlán. Son las 3 de la madrugada y la estructura de las comunidades organizadas en el Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF funciona sin problemas.

Amanece y los policías comunitarios se concentran en el centro de la comunidad. Jirones de nubes se asientan en esta región de la montaña. Lentamente se levantan mientras avanza la mañana. Llegan delegados de una docena de comunidades. Cada uno, con una guardia de entre siete y 12 policías comunitarios. No pueden andar estos montes sin protección. Todos están amenazados por el narcotráfico.

Se reúnen para impulsar un proyecto que para ellos es ahora de vida o muerte: instalarán, con apoyo del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), un sistema de radiocomunicación para poder coordinar su defensa ante el narcotráfico y para apoyarse en las labores campesinas cotidianas.

La llovizna no cede. Las laderas escurren. A diferencia de la Montaña alta, la baja es generosa. Las milpas de esta comunidad ya han espigado. La pixca comenzará en unas semanas. Una variedad incontable de quelites crece en esta temporada. Los guayabos ya tienen frutos aunque aún no maduran. Las vainas rojas cuelgan de árboles de huaje. Las gallinas caminan al frente de sus polluelos.

Pedro Ramírez señala que la Policía Comunitaria no ha buscado enfrentarse directamente al narcotráfico. Surgió para defender a las comunidades. Si los narcotraficantes no se meten con los pueblos, los comunitarios no se meten con ellos. Explica que los enfrentamientos de las comunidades del Cipog-EZ han sido siempre en respuesta a ataques de los sicarios.

Antes de que se organizaran y recuperaran sus asambleas, las comunidades sufrían la extorsión de los narcos. Andaban los delincuentes en los pueblos invitando a los comisarios a que ingresaran al cártel.

“A mí me ofrecieron dos camionetas y ocho cuernos de chivo […]. No acepté […]. Nosotros aquí como pueblo, como autoridades, hemos cuidado todo eso. Toda esa estrategia la hemos cuidado para que no caigamos en las manos de la delincuencia.”

Tiene la certeza de que si las comunidades no estuvieran organizadas en el Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF, los narcos “ya hubieran matado a varios”. Explica que en algunas comunidades impiden paso a maestros, enfermeras y doctores.

“Nomás les dicen: ‘Aquí no pasas; regrésate. Y si no lo haces, pa’ la otra vez que te veamos te vamos a levantar’. O sea, sí los están amenazando.”

Eso ocurre en la comunidad de Tula Guerrero. Carlos López explica que nadie puede salir si no es por veredas, tratando de evadir los retenes del narcotráfico. El pueblo está en los límites del territorio liberado. Es el primer objetivo de los Ardillos, quienes intentaron tomar la comunidad el pasado 20 de julio.

“La gente que nos atacó estaba como a 500 metros del pueblo. Permanecen ahí, en el cerro que está frente a la comunidad. Tienen sus trincheras y ahí siguen […]. El gobierno debería de poner orden.

Agrega que por ello no pueden salir. Están a tiro de los delincuentes.

“Venimos sufriendo porque no hemos podido bajar a Chilapa a hacer compras. Las necesidades que tiene la ciudadanía no se pueden [cubrir]. Ahí en el crucero tienen ellos sus trincheras, a un lado del cerro. Ya han levantado a mucha gente. Hemos perdido gente de los pueblos, que [los narcos] los levantan, los torturan y los matan. Se los llevan y los van a tirar a’i en la carretera.”

—Cómo sobreviven si no pueden salir de la comunidad –se le pregunta.

—Buscamos la forma, consiguiendo todo el alimento que podamos entre los pueblos. Vamos viendo cómo conseguirlo, porque es alimentación Y todo lo que se utiliza en la casa, en el hogar.

—¿Sí llegan los maestros y los médicos la pueblo?

—Por la inseguridad que está en el camino, ya no llegan. Esta semana pasada nos dieron a conocer los maestros en el crucero de El Jagüey [que] los tuvieron como 1 hora. No pasó a mayores pero ya no han venido. Y los niños ahorita están sin clases.

En esta temporada del año no hay desnutrición en esta comunidad de Acahuehuetlán. Las familias tienen como dieta diaria huevos (de gallinas o guajolotas) en chile verde, tortillas de maíz, frijoles y quelites. Lo que desajusta esta alimentación son las grandes cantidades de refresco Coca Cola que todos ingieren: en promedio, 1 litro por persona al día; pero los que ostentan algún cargo (político o religioso) ingieren el doble: todos los acuerdos a los que llegan se sellan con este producto. Los casos de diabetes se multiplican.

Sesiona la asamblea. Se informa que, según determinaciones técnicas, la torre de readiocomunicación debe instalarse en un cerro de otra comunidad: Xolotepec. Como la representación de esta comunidad no llegó a Acahuehuetlán, todos se trasladan a la comunidad elegida.

La caravana de policías comunitarios sale dando tumbos por los caminos terregosos. Están alertas pero se notan más relajados. Por este rumbo los caminos los controlan casi en su totalidad las comunidades.

Se observan trincheras de piedra o de sacos de arena a las orillas de los caminos, en los cruceros y en las entradas a las pueblos. Son defendidas por jóvenes, casi adolescentes, dirigidas por adultos. Saludan al convoy y reportan que no hay novedad; hoy los narcotraficantes no han atacado la zona. Se cubren de la lluvia con bolsas de plástico. La caravana sigue adelante con más confianza.

Las mujeres aprietan el paso. Descalzas, cabello trenzado, vestido entablillado y colorido, acarrean leña y preparan el tlecuil. Los visitantes llegaron intempestivamente y habrá que preparar comida.

Francisco Álvarez, comisario de esta comunidad, señala que al interior del pueblo no hay ningún tipo de violencia. Explica que están organizados en el Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF precisamente para evitar que los actos violentos lleguen al lugar. Sus problemas más apremiantes son de otra índole.

“Falta escuela, falta clínica. No hay apoyo del ayuntamiento. Nunca recibimos apoyo.”

Agrega que la oficina para la delegación, la comisaría y la comandancia de la Policía Comunitaria se realizó con la cooperación de todo el pueblo. No recibieron nada de recursos públicos.

Al lugar llega una representante de San Jerónimo Palantla, Luisa Vázquez. Viene de manera secreta. Su comunidad está dividida. En el mismo pueblo hay quienes están con la resistencia indígena y quienes están con el narcotráfico.

En esta disputa, Luisa ha perdido a sus padres, tíos y una hermana. De hecho, el control del pueblo lo tienen los delincuentes y la resistencia indígena en esa comunidad milita en secreto.

Fernando Pérez, de la comunidad Terrero 1, dice que los problemas son muchos; pero han encontrado el camino no sólo para defenderse, sino para mejorar la situación de todos los nahuas de la región.

“Se ha visto que solamente unidos podremos hacer algo, lograr algo. Es lo que hasta ahorita he conocido. Hemos tenido el valor con la organizacón del Congreso Nacional Indígena. Vamos a seguir creciendo y participando junto con los compañeros. Pensamos que por el proyecto es necesario dar la vida.”

La asamblea decide el lugar de instalación de la antena y discute otros proyectos. Fusiles al hombro, discuten ya sin formalidad temas más allá de la seguridad. Como si sus vidas no estuvieran en riesgo, los temas siguientes tiene que ver con procesos productivos y con la construcción de un gobierno autónomo.

Comisarios y representantes de las 22 comunidades organizadas en el Cipog-EZ no ocultan su entusiasmo al ver materializado un proyecto, el sistema de comunicación comunitaria. Se ponen de acuerdo para erigir la torre y colocar las celdas solares y la repetidora. Cada comisario recibe un radio portátil. El objetivo es que puedan responder con mejor coordinación ante las emergencias.

El costo del proyecto alcanza los 283 mil pesos. Fue financiado por las donaciones que, a solicitud del CNI, realizaron simpatizantes del movimiento indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero han solicitado reunión con el gobierno federal. Sólo han sido recibidos por Misael Rojas Mejía, secretario particular de Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). La reunión se celebró el 30 de mayo. El representante del gobierno de López Obrador sólo escuchó y dijo que transmitiría la información a sus superiores. La promesa fue que los contactaría. El funcionario nunca se comunicó y no ha respondido a las llamadas de los pobladores.

El 12 de julio, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, canceló la caravana humanitaria que pretendía ingresar a las comunidades de la Montaña baja de Guerrero. Señaló entonces la falta de garantías por parte del Estado mexicano y la ola de violencia que se ha recrudecido en la región.

El sol inica el declive y, en secreto, los visitantes deben salir de la zona. Apenas un reducido grupo de comunitarios, los encargados de sacarlos, sabe la hora y el rumbo.

Niños y niñas menores de 10 años corren descalzos. Ríen y se esconden entre las milpas. Las nubes nunca se levantaron del todo y ya se tienden de nuevo. Por momentos dejan ver las laderas doradas: las cañas de maíz han espigado en esta zona. “Timoitase [adiós]; ma cualli ohtli [buen camino]”, el último intercambio entre los que se quedan y los que se van.

La penúltima vez que ingresó a la Montaña Baja, recibió decenas de amenazas de parte del narcotráfico. Los halcones de los Ardillos lo identificaron y su teléfono celular comenzó a recibir, entre violencia verbal, anuncios de un ataque inminente contra su vida. Jesús Plácido fue cobijado por las comunidades. Regresó y salió íntegro. Representa uno de los vínculos más fuertes de las comunidades nahuas con las na’saavi y me’phaa. Expulsar a los narcos y resolver el problema de la inseguridad es apenas el principio: los pueblos indígenas van por la autonomía, señala

Montaña Baja, Guerrero. Jesús Plácido Galindo, promotor estatal del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), señala que las comunidades se están liberando del yugo del narcotráfico.

El indígena na’saavi de la región Costa-Montaña reconoce que se trata de un proceso complejo, pues los indígenas nahuas tienen en contra incluso a determinadas autoridades municipales compradas por los delincuentes. Explica que, incluso, los Ardillos reciben directamente recursos públicos de los ramos 33 y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación que reciben los ayuntamientos de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera.

En entrevista con Contralínea, el dirigente indígena, oriundo del Ejido Buena Vista, San Luis Acatlán, explica que los narcotraficantes se quedaron sin algunos lugares de siembra y trasiego de drogas al ser expulsados por las comunidades organizadas. A lo anterior se suma la caída de los precios de la goma para fabricar heroína.

Como ya no obtienen la cantidad de recursos a la que ya se habían acostumbrado, ahora directamente van por ella a la cabecera municipal, asegura. Además, completan secuestrando y extorsionando a la población.

Descarta desencuentros del Cipog-EZ con las otras organizaciones sociales presentes en la región. Explica que ellos no compiten con ninguna otra sino que buscan generar organización donde no la hay.

Jesús Plácido Galindo es hijo de Cirino Plácido, un activista indígena del grupo de na’saavi que fundó la primera Policía Comunitaria en Guerrero. Explica que el Cipog-EZ fue fundado el 10 de abril de 2008, “retomando los prinicpios del Congreso Nacional Indígena”. Ya con fuerza en la región de la Costa Chica, hace un lustro se empezó a vincular con los nahuas de la Montaña baja.

“Hace 5 años que llegamos a organizar el Sistema Comunitario de los Pueblos Fundadores. Encontramos un municipio [Chilapa] con 149 comunidades. De las 149, nos encontramos con 20 que estaban sufriendo las agresiones de los Ardillos y los Rojos.”

Reconoce que las comunidades sembraban amapola porque no encontraban otros medios para subsistir y porque el control de las comuniddes y de toda la región lo tenían los Ardillos.

“En esas comunidades se había roto el tejido social de la asamblea comunitaria. Entonces se generó, se procesó, con autoridades de la comunidad y se creó el sistema comunitario, donde se conforman los coordinadores, los comandantes regionales y los consejeros regionales. Se fueron sumando de cuatro a cinco pueblos hasta llegar a 20 comunidades. Y al tiempo fueron expulsando a la delincuencia, que los acosaba, los secuestraba, que los extorsionaba, que violaba a las chamacas, a las mujeres.”

Destaca el contraste entre la pobreza y el abandono en que viven las comunidades, con los 270 millones de pesos que recibe anualmente de la Federación el ayuntamiento. “Ni Acapulco ni Chilpancingo reciben tal cantidad de recursos”, asegura. Las comunidades estaban abandonadas por los tres niveles de gobierno.

Entre más abandonadas las comunidades, más sometidas estaban por parte de los Ardillos y los Rojos. Muchas familias ya habían sido desplazadas. A pesar de las gestiones ante las autoridades municipales, estatales y federales para proveer de seguridad a la región, nunca tuvieron respuesta. Los poladores que bajaban a la cabecera a comprar o vender eran asaltados, secuestrados o extorsionados en el camino.

Camisola de mezclilla remangada, Jesús Plácido se muestra voluntarioso. Hombre de acción, a veces debe contener el ímpetu y reflexionar. Sonríe antes de cada respuesta.

—¿Cambió algo? ¿Ahora son escuchados?

—Ahora que se organizaron les tienen respeto. Pero antes de que llegáramos no había este respeto hacia las comunidades. Faltaban escuelas, centros de salud, carretera, pavimentación.

Asegura que de no haberse organizado, las comundades hubieran tenido que dejar, incluso, el territorio. Ejemplifica con comunidades del municipio de Tixtla y de Zitlala, donde no alcanzaron a organizar su Policía Comunitaria y hoy están desplazadas.

—De dónde proviene el poder de los Ardillos. ¿Todo es del narcotráfico?

—Hace 3 años costaba 20 mil pesos el kilo de goma de la amapola. Ahora que el grupo ya renunció a la venta de la goma, ya no es el control por la goma o la venta de goma, que es con lo que hacían la heroína en los laboratorios de los Ardillos. Ahora resulta que están peleando por el control del ayuntamiento, porque ahí está el presupuesto. Y cada día van creciendo. Los Ardillos tienen el control de José Joaquín [Herrera] y de Chilapa… Hay comunidades que no quieren estar con los Ardillos, pero las obligan. Si no obedecen, los asesinan.

—Cómo se liberaron las comuniades de los cárteles.

—Comenzamos a hacer asamblea en las comunidades. Nos acercamos al Congreso Nacional Indígena. En 2014, 2016, 2017, cuando se lanzó la campaña de Marichuy [María de Jesús Patricio Martínez] candidata independiente del Concejo Indígena de Gobierno, los compañeros nahuas de estas comunidades participaron en apoyo. Y comenzaron a ver y a participar en las reuniones del Congreso en San Cristóbal de la Casas, Chiapas; comenzaron a salir a varios eventos. Se hizo asamblea del Congreso.

—Cómo reaccionaron las autoridades del municipio y del estado.

—El gobierno quiso controlar el sistema comunitario y el Cipog-EZ, pues vio que iban creciendo. Fue metiendo poco a poco grupos paramilitares para dividir a las comunidades. Y entre esos tenemos una fuerte división de la comunidad de San Jerónimo [Palantla], donde se han emitido órdenes de aprehensión sin justificación alguna: mujeres que están acusadas de portar R15, AK47, pero realmente las mujeres se dedican a tejer sombreros y petates. El único delito es organizarse y defender sus derechos como pueblo.

—Cómo controlan los Ardillos los recusos del municipio.

—Así, directamente. Cuando llegan los recursos del ramo 33 van a ver al presidente [municipal]. Y agarran para pagar sus sicarios, comprar sus carros, su armamento y tener el control del municipio y someter a las comunidades. Ahora que nos mataron a varios promotores, de ahí vino el problema. Ya vieron que es difícil pasar el territorio de los comunitarios y tomar el control de esa ruta. Por eso Tula está peleando con los Ardillos. A fuerzas quieren el municipio porque de ahí sacan los recursos. Es su negocio. Pero no lo reparten para obra. Lo tiene para someter a las comunidades.

—¿No hay presupuesto para las demás comunidades?

—No hay. Para nada. Si hay una comunidad en la que va a haber una obra es porque esa obra ya está gestionada desde hace 2 o 3 años. Lo que hace es entregar pura despensa, pero no hay una obra, nada que se construya una escuela para niños, hospital o clínica. No hay. Y cada comisario que llega al municipio a pedir lo que le toca a su comunidad, le dicen que si sigue molestando ya sabe lo que va a pasar. Así están los municipios de Chilapa [de Álvarez] y de José Joaquín [Herrera].

—Con todo en contra, cómo pudieron las comunidades organizarse.

—Cuando empezamos a platicar el tema de seguridad, vieron que sí podía crecerse su sistema de seguridad y su propio sistema de impartición de justicia. Vieron que en los ayuntamientos de Chilapa y José Joaquín no se hacía justicia, sino que al contrario, saquean sus dineros. Ponían demanda pero no se solucionaba nada. Así que cuando a los pueblos se les planteó lo del sistema comunitario, crear su propia Casa de Justicia, su propio órgano de seguridad, forman su policía comunitaria en asamblea, donde el pueblo elije quién va a ser comandante, quién va a ser consejero, quién va a ser coordinador y quién va a ser policía comunitario. Porque se planteó claro que para ser policía comunitario se tiene que escoger gente honorable de la comunidad, que ha dado servicio. Vimos que sí se podía; pero también nos encontramos que no fue fácil porque tuvo que haber muertos, tuvo que haber compañeros que fueron levantados. Al gobierno también le preocupó y lo que hizo fue cooptar, dividir, meterse.

Jesús Plácido es buscado por los Ardillos. Como otros promotores del Cipog-EZ y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) ha recibido amenzas de muerte. Sabe que debe cuidarse.

Señala que en Chilapa de Álvarez el narcotráfico no es ajeno a la disputa política. Considera que en las pasadas elecciones los Rojos apoyaron al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Hernández Godínez. Los Rojos, al del Partido Revolucionario Insitucional (PRI), Jesús Parra García, quien finalmente fue decalarado ganador y hoy es el presidente municipal.

Por su parte, la presidencia municipal en José Joaquín Herrera recae en la priísta Orquídea Hernández Mendoza, quien durante la campaña sufrió un atentado contra su vida.

“Comenzaron a amenazar a la comunidad de que si no votaban por el PRD los mataban. Y los otros con que debería de votar por el PRI. Y [esas amenazas] despertaron a la gente”. Las comunades entendieron que no les quedaba otra opción que organizarse pues estaban entre dos fuegos.

Plácido Galindo no es triunfalista. Sabe que no todo depende de la voluntad de las comunidades. Los asesinatos contra promotores del Cipog-EZ y comandantes e integrantes de la CRAC-PC-PF son difíciles de superar. Eran liderazgos surgidos de las comunidades que se habían formado con años de trabajo.

“Nos preocupa, porque los Ardillos han tenido todavía la fuerza para desaparecer a promotores del sistema comunitario. Siguen matando a los ciudadanos que no están dejando que los controlen. Pero estamos en un proceso en el que van a seguir organizándose más comunidades. Los pueblos se están dando cuenta y están agarrando un proceso del fuerza.”

—Eso mismo podría generar una respuesta mayor de quienes quieren obstaculizar ese proceso de organización. ¿Están preparados?

—Sabemos que [esta organización] también le preocupa al gobierno. Y sabemos que también va a tener un costo; que no va a ser fácil para nosotros y para los compañeros autoridades que están prestando servicio comunitario. Y también al gobierno le preocupa que aquí siga haciéndose esa conciencia de lucha por el pueblo con el Congreso Nacional Indígena. Y para nosotros ha sido doloroso porque ya ha habido concejales [asesinados] del Concejo Indígena de Gobierno y ya mataron a dos compañeros y compañeras de la CRAC. Nosotros sabemos que va a ser un proceso largo. Tenemos que seguir construyebdo nuestra autonomía como pueblo y asamblea comunitaria. No va a ser fácil. Nos van a seguir golpeando.

—¿Tienen alguna expectativa de cambio con la llegada de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) al gobierno federal?

—Dijo que iba a haber cambios cuando llegara como presidente de la República Andrés Manuel [López Obrador], pero nosotros estamos igual. No hay cambio. No sólo es el Tren Maya, es el despojo de tierra por la minería en la Montaña, o de desplazar a las comunidades por tener control de  todos lo pueblos. Y eso viene desde allá arriba. No sólo del gobernador. Dicen que están haciendo consultas a nosotros pero no es cierto. Jurídicamente seguimos siendo discriminados.

—Se detuvo al líder de Los Rojos. ¿No fue una bena noticia para la región?

—Con que hayan detenido al líder de los Rojos, no se ha acabado la represión, la extorsión, el secuestro, el asesinato. Al contrario. Desaparecen a un grupo y le dan el poder a otro: los Ardillos. Y ahora que ya llegaron los Ardillos ahí, siguen desapareciendo, asesinado a nuestros hermanos nahuas cuando van al municipio a comparar su gasolina, a vender su producto. No pueden bajar los hombres, tienen que bajar las mujeres. Y si ven un hombre, pues lo asesinan luego, luego. No cambió nada con que hayan detenido a un grupo cuando sigue el otro.

—Qué relación tiene el Cipog-EZ con otros esfuerzos, otros movimientos que también están presentes en la región; organizaciones que no son afines al CNI pero están en otras luchas y que también tienen presencia ahí.

—Nosotros hemos dicho claro que el Cipog-EZ es la casa de los pueblos. Trabajamos con la asamblea y planteamos sobre la lucha, sobre el derecho y la cultura de los pueblos. Planteamos seguir resistiendo, organizándonos. Hemos sido respetuosos con otras organizaciones. Sí han habido otras organizaciones. Lo hemos dicho claro: no tenemos nada contra ellas. Nosotros vamos a seguir caminando como Cipog y con las comunidades y sus asambleas; que sea el pueblo el que tenga, mantenga y ejerza su poder; que la asamblea decida. El que manda es el pueblo, no es el cacique o el líder. Si el pueblo dice: ‘vamos a seguir caminando como Congreso Nacional en nuestras nuestas demandas de salud, escuela y de educación’, es el pueblo el que decide en sus asambleas.

—Eso de parte de ustedes. ¿Y de las otras organizaciones que ya estaban trabajando en la zona? ¿No han sentido algún tipo de acoso o de cuestionamiento por estar ahí?

—Vamos a ser sinceros. Nosotros nos encontramos con compañeros de un núcleo que existió hace muchos años del EPR [Ejército Popular Revolucionario], que dice que es su territorio. Nosotros nos preguntamos que si fuera su territorio entonces por qué encontramos un pueblo lleno de violencia, donde el crimen estaba secuestrando, asesinado a la pobación, y fundamos el sistema comunitario como Cipog. Nosotros somos respetuosos. Lo que decida el pueblo es lo que vamos a caminar. Si ellos tienen un proceso, pues lo seguimos respetando. Tampoco los estamos acusando de que son gente mala, son compañeros. Les damos y les pedimos respeto.

—Hacia dónde van las 22 comunidades organizadas en el Cipog-EZ. ¿El objetivo es defenderse de los cárteles y contar con seguridad?

—Lo que sigue es construir nuestra autonomía: nuestra escuela, nuestro propio sistema de educación, nuestro sistema de salud comunitaria, nuestra radio comunitaria. También tenemos ese derecho. Tenemos que emitir nuestros mensajes en nuestras lenguas, una radiodifusora comunitaria. No nos queda otro camino y no estamos esperando a que venga el gobierno a resolver nuestros problemas. Se puede hacer una lucha como nos lo demostró el Congreso Nacional Indígena y el CIG. Los compas del apoyo de red [de comunidades indígenas] que tienen ahí nos demuestra que sí se puede caminar. Y que si no está el gobierno, no lo necesitamos. Es un gobierno que sólo se representa pero no representa al pueblo. El día que el pueblo elija a su gobierno, ese día va a haber cambio. Pero mientras no consulten a los pueblos, por mucho que digan que el gobierno es de izquierda, no lo es. Y nos queda claro que solamente los pueblos vamos a avanzar y seguir luchando como pueblos.